Uribe

http://www.argenpress.info/2010/03/uribe.html
Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)

La decisión de la Corte Constitucional que impide a Uribe Vélez optar a un tercer mandato sería
una prueba fehaciente de la fortaleza de las instituciones del país si
éstas no fueran realmente los andamiajes de un orden político
profundamente excluyente y los mecanismos de protección de un orden
social de privilegios aberrantes. Si para quienes confían plenamente en
la democracia colombiana el fallo de la Corte confirma la salud del
sistema, para los partidarios del actual gobernante por el contrario
resultan evidentes las motivaciones políticas del mismo pues ni los
defectos de forma o de fondo les parecen de suficiente entidad para
echar abajo el referendo reeleccionista y cerrarle el paso mediante
argucias al que consideran “el mejor presidente que ha tenido Colombia”.


Entre los primeros hay que distinguir la legión de quienes añoran un orden democrático que jamás existió y aquellos que consideran que el actual solo necesita algunos retoques para mantenerse
como un estado de derecho que garantiza la paz y el bienestar de la
ciudadanía. Para todos ellos un tercer mandato establecería un
precedente peligroso y abriría las puertas a formas inaceptables de
gobierno. Por su parte, ni Uribe ni los suyos se caracterizan
precisamente por un apego estricto a la legalidad ni ven inconvenientes
en retorcer el sentido de la ley para favorecer sus propósitos. Una
buena campaña en los medios (que mayoritariamente le apoyan) y sobre
todo el amedrantamiento sistemático de los opositores les garantizan un
respaldo abrumador en encuestas preparadas a la medida. Su llamado
“estado de opinión” estaría siempre por encima de cualquier minucia
legal, de cualquier “articulito” de nada, como acostumbra a decir el
presidente.

Los antecedentes también parecían jugar a favor del gobierno. La Corte había avalado casi todas las medidas del primer mandatario, en particular su segunda elección, dada
por válida aunque estaba claramente afectada no solo por defectos de
forma sino por procedimientos abiertamente delictivos. Para muchos
entonces ha resultado sorpresivo que el fallo fuese contrario a los
deseos de Uribe y les da pié para pensar que los motivos alegados son
más bien excusas leguleyas tras las cuales se esconden motivaciones
políticas.

Sin duda, la decisión de los magistrados se fundamenta en consideraciones de mucha trascendencia y daría pié a debates de mucha altura y a interpretaciones encontradas.
Ahora bien, lo que si no genera duda alguna es el conjunto de razones
políticas y de motivos prácticos que seguramente también han influido en
el veto de los juristas. Los magistrados ni son neutrales ni son
independientes. Basta considerar su ideología, su extracción social y
sobre todo el sistema de selección que les permite llegar a la mayor
instancia del poder judicial. Si en otras ocasiones se decantaron en
favor las decisiones de Uribe (así fuesen muy cuestionadas o
abiertamente contrarias al espíritu de la ley) esta vez su voto favorece
a los grupos de intereses que se han opuesto a la reelección por
motivos diversos. Todo lleva a pensar que la clase dominante – o al
menos el bloque mayoritario de la misma- ha decidido impedirle a Uribe
permanecer cuatro años más al frente del gobierno contando -como no
podía ser de otra manera- con el apoyo de los magistrados.

En el fondo la salida de Uribe y de su equipo podría interpretarse como el desalojo del gobierno del sector más lumpen de la burguesía; aunque han
prestado grandes servicios al sistema, también han incurrido en muchos
errores, soportan un desgaste considerable y han deteriorado la imagen
del país en el extranjero. Tampoco parecía prudente arriesgarse a un
referendo de resultados inciertos. Uribe ya había convocado uno para
aumentar su poder de manera alarmante y fue un completo fracaso. La
votación entonces ni siquiera alcanzó el 25% del padrón electoral que es
preceptivo en Colombia como límite mínimo para validar un referendo. El
riesgo de una derrota resultaba demasiado grande.

La decisión de la Corte satisface los intereses estratégicos de la gran burguesía y no supone riesgo alguno para el sistema, considerando que
prácticamente todos los candidatos con opciones de suceder a Uribe
suscriben su estrategia. Todos son -con matizaciones menores-
partidarios de la “seguridad democrática”. No habría entonces lugar para
cambios que no sean de fachada y los retoques serían los estrictamente
indispensables para corregir el rumbo y dar una imagen nueva ante la
opinión nacional e internacional. Tampoco se observa -de momento- una
fuerza popular opositora que pueda llegar al gobierno y proceda a
desmantelar la política económica neoliberal, opte por la solución
política del conflicto armado y anule los compromisos militares con
Washington.

Uribe se va pero el engendro de la “seguridad democrática” se queda. Más allá de la retórica normal en este tipo de eventos, prácticamente ningún candidato con opciones se
propone abandonar realmente una estrategia que ahora desean convertir en
una política de estado. Abandonado todo proyecto desarrollista y
comprometido a fondo el país con la estrategia imperialista de los
Estados Unidos para la región, no sorprende que la burguesía colombiana
haya convertido la “seguridad democrática” en su propósito nacional.
Hasta la izquierda moderada (el Polo Democrático) muestra en su seno
desconcertantes contradicciones en un tema de tanta trascendencia,
sorprendiendo a su electorado con declaraciones extrañas (por decir lo
menos) de importantes dirigentes del PDA, empezando por su candidato a
la presidencia, el senador Petro.

Uribe no será candidato pero deja funcionando un sistema que ofrece amplias garantías a
las fuerzas que controlan el poder real en el país. Aún en el caso
probable de una disolución de los partidos uribistas, la continuación
del uribismo parece garantizada, con o sin ellos. Confiados entonces en
la supuesta debilidad de la oposición popular, el reto de la clase
dominante no es otro que imponer un gobernante nuevo que siga las
políticas de Uribe pero que no aparezca muy comprometido con sus
prácticas autoritarias y mafiosas. Una salida diferente, es decir, el
triunfo de una oposición real al sistema no parece de momento una
posibilidad. Pero en las coyunturas críticas puede cambiar radicalmente
el rumbo de los acontecimientos. Colombia es una bomba de tiempo y la
confianza de la clase dominante en la desorganización y escasa
participación política de las mayorías podría en un momento dado
transformarse. Hace falta solo una chispa para incendiar toda la
pradera.

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