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lunes, 29 de junio de 2009

YA LO VES, YA LO VES, SOMOS CAMPEONES OTRA VEZ



Gran final Un ‘Blanco’ perfecto

Redacción de: ElPaís.com.co
fotos: lapatria.com-elespectador.com
El ‘Blanco-Blanco’ aguó la fiesta que tenía montada el Junior en el Metropolitano, y con un fútbol claro, ofensivo y contundente, se quedó con el título de la Copa Mustang I al ganar categóricamente 3-1 al cuadro ‘Tiburón’. El Once Caldas llegó así a su tercer galardón en el fútbol colombiano.
Once Caldas venció 3-1 al Junior y se echó al bolsillo el título del Mustang.

El Once Caldas les dio una bofetada a los incrédulos y a todos los que coronaron con anticipación al Junior, al conseguir de manera clara, contundente y justa, el título de la Copa Mustang I tras vencer 3-1 a los ‘Tiburones’ en el Metropolitano.

Fue mucho lo que se habló antes del partido sobre el calor y la humedad de Barranquilla, sobre la escasa diferencia lograda en Manizales (2-1) y sobre el poderío del Junior en condición de local.

Pero el Once Caldas llegó en silencio al Metropolitano, decidido a jugarle mano a mano al gran favorito, en su propia casa.

El técnico Javier Álvarez, sin tres de sus pilares por sanción (Viáfara, Casanova y Fano), sorprendió con un esquema ofensivo, ratificando aquella famosa frase de que ‘la mejor defensa siempre será el ataque’.

El Once le quitó el balón al Junior y atacó con peligro por medio de Dayron Pérez, Ariel Carreño y Álex Sinisterra. Para sorpresa de todos, el primer gol llegó a los 17 minutos con el cabezazo de Alexis Henríquez.

El silencio se sintió en un Metropolitano que volvió a rugir a los 29 con el empate de Háyder Palacio. Tres minutos después Junior tuvo para el 2-1 con Giovanni Hernández, pero Héctor Landázuri ahogó el grito de gol al evacuar desde la raya.

Cuando se creía que el primer tiempo se iría con el 1-1, a los 42 llegó el otro gol albo en las piernas de Álex Sinisterra. En el segundo tiempo se esperaba una decidida reacción del Junior, pero no tuvo peso y claridad en el área caldense.

El Once, entre tanto, siguió manejando el balón y creándole muchas dificultades a la zaga local. Así llegó el tercer gol, minuto 73, a través de Dayron Pérez, anotación que terminó de enfriar la tribuna porque en el global el equipo de Manizales ganaba cómodamente 5-2.

El carnaval en Barranquilla se aplazó con la amplia diferencia y la gente en las gradas terminó viendo actuar a un Once Caldas que hasta el último segundo jugó al ataque y maniató al Junior.

Así se definió el título de la Mustang I. Se habló demasiado antes del partido, con pronósticos que favorecían al Junior, pero el Once se encargó de silenciar a los incrédulos a punta de fútbol y goles.

En detalle

Millonarios y América siguen siendo los que más títulos tienen, con 13 estrellas. Le siguen Nacional, con 10; Cali con 8, Santa Fe, 6; Junior, 5; Medellín con 4 y Once Caldas, 3.

El Once jugó 26 partidos, 13 en casa y 13 como visitante. En Palogrande ganó 8, empató 2 y perdió 3. Por fuera ganó 4, empató 5 y perdió 4.

Ayer al Metropolitano ingresaron cerca de 50 mil aficionados, entre ellos unos dos mil del Caldas.

Buen gesto tuvo ayer el volante juniorista Giovanni Hernández al felicitar a los jugadores del Once Caldas al final del partido.

La consolación

El título de goleador para Teófilo Gutiérrez fue el premio de consolación para el Atlético Junior.

El delantero ‘tiburón’ logró 16 goles en este torneo; le anotó cuatro veces al Envigado, en tres ocasiones al Cúcuta, dos veces al Quindío, en dos oportunidades al Cali y les hizo de a un gol a Nacional, Once Caldas, Santa Fe, Pereira y Huila.

Razones del triunfo

1. El Caldas quedó campeón, primero, por su inquebrantable convicción y fe.

2. Le jugó sin complejos al Junior en su propio estadio.

3. No se dejó llevar por tantos pronósticos que favorecían al Junior.

4. Decidió jugar al fútbol, con un esquema muy ofensivo.

5. Le sobró concentración y actitud.

"Este es un equipo trabajador y humilde, que no depende de tres jugadores. Teníamos fe en nuestro trabajo, lo merecíamos”: John Viáfara, Volante del Caldas.

"El equipo trabajó todo el semestre para lograr el título. Hicimos un buen partido para asegurar lo que tanto buscamos”: Dayron Pérez, volante del Caldas.

"Muchas veces me tocó llorar porque las cosas no me salían. Hoy lloro de emoción, por lograr un título que merecíamos”: Ariel Carreño, delantero del Caldas.

viernes, 19 de junio de 2009

Los 'falsos positivos' son una práctica sistemática del ejercito colombiano, dice Relator de la ONU


recopilacion de informacion tomada de:pacocol.org
El Relator especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, señaló que los llamados "Falsos Positivos" se convirtieron en una práctica sistemática que no solo afectó a Soacha, en Cundinamarca, sino que se extendió a 13 departamentos del país.



Después de 10 días de visita en Colombia y de entrevistar 100 testigos, víctimas y supervivientes, pudo determinar que la preocupación se centra sobre los Falsos Positivos, que a su parecer es una práctica que "se caracteriza mejor como el asesinato a sangre fría y premeditada de civiles inocentes, con fines de beneficio".

Aseguró que sus investigaciones le permitieron determinar que hubo matanzas similares a las de Soacha, con unidades militares involucradas, en los departamentos como Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada.

Pese a que las autoridades en muchos de los casos argumentaron que esas muertes correspondían a miembros de la guerrilla, las pruebas revelaron que no es así y entre los "peligrosos guerrilleros" había adolescentes de 16 y 17 años.

El Relator de la ONU también llamó la atención sobre las amenazas de que son víctimas los familiares de las víctimas de los Falsos Positivos.

Sobre los responsables de las matanzas dijo no tener pruebas de que sea una política oficial del Gobierno o que se ejecutaran con conocimiento del Presidente o del Ministro de Defensa. Sin embargo, reconoció que estas acciones fueron ejecutadas de manera sistemática, "por una cantidad significativa de elementos dentro del Ejército".

El experto internacional recomendó mejorar de manera urgente los esfuerzos para "investigar, enjuiciar y castigar las ejecuciones cometidas por estas fuerzas con eficacia y celeridad".

"He llevado a cabo una misión de investigación sobre ejecuciones extrajudiciales a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009. Estuve en Bogotá, Antioquia (Medellín), Santander (Bucaramanga) y Meta (Villavicencio).


Estoy muy agradecido con el gobierno de Colombia por haberme invitado, y por su cooperación plena y sostenida para con mi misión. Estoy particularmente agradecido con el Presidente Álvaro Uribe Vélez por haber tenido una discusión muy extensa y comprometida conmigo, acerca de algunos de los temas clave.

También me reuní con el Vicepresidente y con los Ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, los Viceministros de Defensa y de Justicia.

También celebré reuniones con la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo, y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

Me reuní con el Comandante del Ejército y con los Comandantes de la Segunda, Cuarta y Séptima divisiones, como también con asesores jurídicos militares y jueces militares.

Asimismo me reuní con el gobernador de Antioquia, personeros provenientes de todas partes del país, varios senadores y congresistas, y numerosas organizaciones de la sociedad civil. Llevé a cabo más de 100 entrevistas con testigos, víctimas y supervivientes.

Estoy particularmente agradecido con los oficiales tan competentes, dedicados y ponderados de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia por la ayudada brindada a mi misión. Sin embargo, éstos no tienen responsabilidad alguna por las conclusiones a las que yo he llegado.

Como experto independiente que presenta informes al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mi mandato consiste en investigar los homicidios cometidos en violación de los derechos humanos o del derecho humanitario; determinar la extensión y las causas de la impunidad de dichas matanzas; y proponer reformas específicas y constructivas para disminuir los homicidios y promover la rendición de cuentas.

En Colombia me he centrado en los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad, paramilitares y otros agentes armados no estatales, y examiné la eficacia de los sistemas de justicia penal, civil y militar en relación a esos homicidios.

Cabe destacar desde el principio, que las ejecuciones perpetuadas por estos actores repercuten de manera desproporcionada en las poblaciones rurales y pobres, pueblos indígenas, afrocolombianos, sindicalistas, defensores de derechos humanos, y líderes comunitarios .
Los hallazgos que presento hoy son preliminares.

Mi informe completo se publicará dentro de unos 4 a 5 meses, y tendrá en cuenta la información que el gobierno suministrará en el transcurso de aproximadamente un mes como parte de un diálogo continuo . Hoy me dedicaré a una gama limitada de temas.

Quiero comenzar reconociendo la mejora dramática en la situación de la seguridad desde el 2002. La cantidad total de homicidios ha disminuido mucho, y se han transformado los niveles de seguridad en muchas partes del país. Sin embargo queda mucho por hacer.

Ejecuciones extrajudiciales por los grupos de la guerrilla

Los guerrilleros de las FARC y del ELN siguen llevando a cabo cantidades significativas de homicidios ilegales, especialmente para controlar y sembrar el miedo en las poblaciones, rurales, intimidar a los oficiales elegidos, y castigar a aquellos que se supone colaboran con el gobierno, o para promover objetivos criminales. Su uso indiscriminado e inhumano de minas antipersonales también mata y atemoriza a numerosas personas.

Ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad

La preocupación más preponderante es la incidencia de los llamados “falsos positivos”, y los ejemplos que más publicidad han recibido, es decir, los homicidios de jóvenes de Soacha en 2008.

El fenómeno es muy conocido. Un “reclutador” engaña a la víctima con falsas pretensiones y la lleva a una localidad remota. Allá, al poco tiempo de llegar, miembros del ejército matan al individuo. Luego se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate.

A menudo se hace una fotografía en la que sale vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano. Las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes, y los asesinos son premiados por los resultados conseguidos en la lucha contra la guerrilla.
Sin embargo hay dos problemas con el relato que se centra en los falsos positivos y en Soacha.

El primero se debe a que la expresión “falsos positivos” brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio.

El segundo es que el enfoque en torno al caso de Soacha fomenta la percepción de que se trata de un fenómeno limitado, tanto geográficamente, como en el tiempo. Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg.

He entrevistado a testigos y a supervivientes que describieron matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada. Una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en ello.

Algunos funcionarios siguen afirmando que muchos de los casos son bajas legítimas de guerrilleros u otros. Pero las pruebas –incluyendo informes de balística y forenses, declaraciones de testigos oculares, y el testimonio de soldados- indican firmemente que ese no es el caso.

Entre los “peligrosos guerrilleros” que fueron dados de baja hay adolescentes de 16 y 17 años, un hombre joven con una edad mental de 9 años, un padre de familia abnegado, cuyos dos cuñados están en servicio militar activo, y un joven soldado de licencia por vacaciones, que visitaba a su familia.

No puedo descartar la posibilidad que algunos falsos positivos fueran de hecho, guerrilleros, pero aparte de afirmaciones contundentes, el gobierno no me ha dado prueba alguna en este sentido.

Las pruebas que muestran a las víctimas vestidas con ropa de camuflaje recién planchada, o calzando botas de campo 4 tallas más grandes que su tamaño, o zurdos llevando una pistola en su mano derecha, u hombres con una única bala disparada en el cuello, menoscaban aún más la sugerencia de que se trata de guerrilleros muertos en combate.

Un problema adicional tiene que ver con el hostigamiento sistemático de los militares hacia los supervivientes. Una mujer de Soacha relató como en el 2008 unos de sus hijos había desaparecido y luego dado de baja en combate dos días después.

Otro de sus hijos empezó a llevar adelante el caso con ahínco y recibió una serie de amenazas de muerte. Murió de un disparo hace unos meses. Desde entonces la madre también ha recibido amenazas de muerte, igualmente. Esto forma parte de un patrón común.

La pregunta clave es ¿quién es responsable de estas matanzas premeditadas? Por una parte, no he encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del gobierno, o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del Presidente o de los sucesivos Ministros de Defensa.

Por otra parte, la explicación que prefieren muchos en el gobierno – que las matanzas fueron llevadas a cabo a pequeña escala por unas cuantas pocas “manzanas podridas” –es igualmente insostenible.

Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidas militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército.

A partir del 2007, el gobierno ha tomado medidas importantes para parar y responder a estos homicidios. Entre ellas hay medidas disciplinarias, una mayor cooperación con el CICR y la ONU, la incorporación de asesores jurídicos operacionales para asesorar acerca de operaciones militares específicas, una mayor supervisión de los pagos efectuados a informantes,

el nombramiento de la Comisión provisional Especial Suárez, el nombramiento de inspectores delegados a divisiones del ejército, la exigencia de que las bajas en combate sean investigadas primero por la policía judicial, la modificación de los criterios para premios, y la creación de una unidad especial en la Fiscalía.

Estas medidas alentadoras demuestran el esfuerzo de buena fe que despliega el gobierno para hacer frente a los homicidios del pasado y para prevenir que sucedan en el futuro. Sin embargo sigue habiendo una brecha preocupante entre las políticas y la práctica.

La cantidad en enjuiciamientos exitosos sigue siendo muy baja, aunque se espera que haya mejores resultados en el próximo año. Cabe destacar tres problemas. El primero es que la Fiscalía , y sobre todo su unidad de derechos humanos no tiene suficiente personal, recursos o formación. Es esencial aumentar sustancialmente sus recursos.

El segundo es que en algunas zonas los jueces militares hacen caso omiso a los dictámenes de la Corte Constitucional y hacen todo lo que está en su poder para impedir la transferencia de casos claros de derechos humanos al sistema de justicia ordinaria.

Se demora u obstruye la transferencia de información, se arreglan los enfrentamientos de jurisdicción cada vez que se encuentra la oportunidad, y las tácticas de dilación son de uso común. Como resultado de todo esto hay demoras, que frecuentemente son de meses o años y ponen en peligro el valor de los testimonios y de las pruebas.

Hay una buena noticia: ha habido una reducción significativa en la cantidad de alegatos de ejecuciones extrajudiciales registrados por la justicia militar en los últimos 6 a 9 meses. Si se confirma esta tendencia supondría un cambio de rumbo, que cabría celebrar, aunque todavía tiene que abordarse el problema de la impunidad en relación a las matanzas del pasado.

Ejecuciones extrajudiciales por paramilitares y otros grupos armados ilegales

A pesar de las importantes medidas que el gobierno ha tomado para reducir la violencia paramilitar, las ejecuciones llevadas a cabo por esos grupos, que incluyen a paramilitares desmovilizados, continúan produciéndose en gran número a través del país.

El gobierno tiene que abordar la resurgencia de estos grupos con políticas exhaustivas que se centren en el cumplimiento de la ley (incluyendo el fortalecimiento de las funciones de investigación y de persecución) y la protección y participación sostenida de las comunidades afectadas.

Según la posición del gobierno, estos grupos son bandas criminales y tienen que ser tratadas como tales. Aunque este enfoque sea el apropiado para ciertos lugares, no aborda plenamente la naturaleza y la amenaza que plantean estos actores no estatales en distintas regiones.

Independiente del nombre que se les dé, el descuidar las razones por las cuales han surgido estos grupos y la medida en que se infiltran en las instituciones del Estado y aterrorizan a la población civil, amenaza con poner en peligro los importantes logros de seguridad alcanzados por el gobierno.

Deben mejorarse de manera urgente los esfuerzos para investigar, enjuiciar y castigar las ejecuciones cometidas por estas fuerzas con eficacia y celeridad.

Según todos los indicios, los paramilitares desmovilizados forman una parte preponderante de los grupos armados ilegales. Las desmovilizaciones efectuadas después del 2003 y las políticas de reintegración no han logrado evitar que antiguos paramilitares maten y participen en otros actos criminales.

Aunque han sido detenidos paramilitares de alto nivel, no parece ser que se hayan desmantelado completa y eficazmente las estructuras económicas, de mando y de control de los paramilitares.

Además hay un nivel alarmante de impunidad en relación a antiguos paramilitares, y la investigación y enjuiciamiento de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas por ex paramilitares dejan mucho que desear.

Las instituciones del Gobierno

La Fiscalía tiene un papel fundamental dentro de la compleja y sofisticada estructura jurídica de Colombia. La Corte Suprema de Justicia nombra al Fiscal General a partir de una terna que propone el Presidente. Es esencial, habida cuenta de la función central y clave de la Fiscalía, que el próximo Fiscal General sea una persona independiente, fuerte y de prestigio.

Defensores de derechos humanos

La sociedad civil colombiana es vibrante y diversa. Hace contribuciones de valor inconmensurable al discurso público y a la concientización en derechos humanos.

Sin embargo, los defensores de derechos humanos suelen ser intimidados y amenazados, y a veces asesinados, a menudo por actores privados. Hay funcionarios de alto nivel que los acusan de ser guerrilleros o terroristas, o de ser cercanos a ellos. Estas declaraciones también se han hecho contra fiscales y jueces.

Estas declaraciones estigmatizan a aquellos que trabajan para promover los derechos humanos, y propician un entorno en el que pueden llevarse a cabo actos específicos de amenazas o asesinatos por parte de actores privados. Es importante que los funcionarios de alto rango pongan fin a la estigmatización de estos grupos.

También es importante que se fomente un espacio constructivo para que en el mismo se puedan comunicar las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. Me llamó la atención la polarización que existe en Colombia en relación a las posiciones de las ONG y del gobierno.

Compensación a las víctimas

Tengo entndido que el actual proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas-que fue aprobado por la Comisión creada para reconciliar los textos en el Senado y en la Cámara de Representantes – contiene una definición de víctima que incluye a las víctimas de agentes estatales y en general las coloca en pie de igualdad con las víctimas de los paramilitares.

Es imperativo que al llevar adelante el proyecto de ley las víctimas tanto de actores estatales, como no estatales sigan siendo tratadas con igualdad."

Otras cuestiones

En mi informe completo abordaré varias reformas, entre ellas:
- directrices presidenciales al sistema de justicia militar para que cumpla con la letra y el espíritu de la ley de competencia de jurisdicción.

-la realización de una investigación independiente de los procedimientos y resultados del sistema de justicia militar en casos de derechos humanos.

-la supresión de todo tipo de incentivo para los militares por ejecuciones.
-la necesidad de promover una mayor coordinación, especialmente en cuanto al seguimiento y rastreo de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre las instituciones encargadas de investigar dichos alegatos.

-la no prescripción de los procedimientos civiles contra funcionarios en casos de ejecuciones extrajudiciales.

-la necesidad de seguir respaldando firmemente a la oficina del Fiscal General de la Nación , con más personal, apoyo y formación.

Por Comisión Colombiana de Juristas/prensa pcc

domingo, 14 de junio de 2009

EL GOBIERNO COLOMBIANO CUESTIONADO EN LA OIT


http://cut.org.co
En una sesión de tres horas y, después de 21 intervenciones, de 8 delegados de los trabajadores, 8 Estados y 5 delegados de los empleadores, se realizó en la Comisión de Aplicación de Normas y Recomendaciones de la OIT un completo examen de la implementación del convenio 87 sobre derecho de asociación en Colombia. Los tres presidentes de las centrales sindicales colombianas hicieron uso de la palabra y sus intervenciones fueron ampliamente aplaudidas por los presentes a pesar de que esto no es usual en esta comisión.

Los delegados trabajadores que intervinieron manifestaron sus preocupaciones sobre le incremento de la violencia contra el sindicalismo, los pocos avances en la superación de la impunidad, los ataques y estigmatizaciones contra las organizaciones sindicales que agravan aun más las dificultades para ejercer el derecho de asociación, el fraude a los derechos laborales y sindicales que se realiza a través de las cooperativas de trabajo asociado, la falta de resultados en el diálogo social y la poca funcionalidad de la oficina de la OIT en Colombia y fueron enfáticos en la necesidad de desarrollar una agenda para implementar el convenio 87 en nuestro país.

Por su parte el gobierno y los empresarios insistieron que en el caso de Colombia era un caso de progreso, tratando de mostrar algunas medidas en materia de protección de sindicalistas, investigación de crímenes y los mínimos cambios a la legislación en materia de huelga como grandes avances al tiempo que presentó como propias decisiones tomadas por la Corte Constitucional.

De otro lado la portavoz de los 27 Estados de la Unión Europea, Suiza y Noruega, manifestó su preocupación por el incremento de la violencia contra sindicalistas, y señaló la necesidad de mayores esfuerzos para combatir la impunidad, el reforzamiento del programa de protección, la adopción de medidas para enmendar la legislación laboral contraria a los convenios, mejorar las condiciones para el diálogo social y finalizó solicitando que se evaluara y fortaleciera la presencia de la OIT en Colombia.

Finalmente la comisión luego de describir el debate adopto como conclusiones principales las siguientes:

“ .. La comisión subrayó que un movimiento sindical solo puede existir en un clima exento de violencia y urgió al gobierno a que ponga término a la actual situación de violencia e impunidad a través de medidas y políticas innovadoras y eficaces aplicadas de manera continua…”

“… La comisión destacó que se precisan nuevas medidas y expresó la esperanza de que el gobierno garantizará que el Poder Judicial será investido de todos los poderes necesarios a este fin, así como de que se continuarán asignando recursos financieros adicionales para una mayor protección de los sindicalistas amenazados, junto un claro mensaje al más alto nivel de la importancia del papel que desempeñan las organizaciones sindicales en la sociedad y de que no se tolerará la violencia antisindical…”

“… La Comisión recordó la necesidad de garantizar que todas las investigaciones sobre los actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas se realicen rápida y eficientemente…”

“… La Comisión tomó nota, sin embargo, de la preocupación manifestada en cuanto al aumento del recurso a las cooperativas, a los contratos de servicios, y a los contratos civiles y comerciales de un modo que obstaculiza el ejercicio de los derechos sindicales por parte de los trabajadores afectados por este tipo de contratos, así como los alegatos relativos a la existencia de un clima antisindical generalizado…”

“… La comisión expresó la firme esperanza de que el gobierno adoptará las medidas necesarias para poner la legislación y la práctica en conformidad con el convenio 87, consultando plenamente con los interlocutores sociales… ”

“… la Comisión subrayo la importancia de asegurar que este dialogo sea profundo y significativo…”

Estas conclusiones aunque no recogen integralmente las aspiraciones de los trabajadores participantes en la conferencia de la OIT, si se alejan del intento del gobierno de presentar la situación como un caso de progreso, y dejan claro la gravedad de la situación y la necesidad de que el gobierno adopte a través del diálogo social medidas eficaces para que sea posible algún día en Colombia gozar plenamente de las libertades sindicales.

Tarsicio Mora Godoy
Presidente CUT

Domingo Tovar Arrieta
Secretario General CUT

domingo, 7 de junio de 2009

EL CASO GLOBOVISION EN VENEZUELA, QUIEN PERSIGUE A QUIEN ?


foto:www.globoterror.com

Uno de los mayores retos que a tenido que afrontar la revolución bolivariana de Venezuela y el presidente Hugo Chávez a sido enfrentar el enorme poder económico y político de los medios de comunicación privados en Venezuela y el extranjero, ese poder que se ve reflejado en el manejo y manipulación de la opinión publica y en la capacidad de moldear el pensamiento de las personas , tiene como único fin el que los interese de los dueños de esos medios de comunicación y las elites dominantes sean asumidos por el pueblo, en sus capas medias y bajas como propios, es decir que el pueblo crea y se convenza, por citar un ejemplo, que los intereses de julio Mario santodomigo, Carlos ardida lule, Luis Carlos sarmiento Angulo( capitalistas colombianos), son los mismos de los habitantes por ejemplo del distrito de aguablanca ( zona marginal de Cali), o que los intereses que defienden en el senado, la cámara de representantes, las asambleas departamentales, y los consejos municipales(poder legislativo), los politiqueros de oficio, son los mismos intereses de los trabajadores, los campesinos, los artesanos y que además estos los representan, cuando en realidad todos sus proyectos y actos legislativos solo tienen como fin, con contadas excepciones, alcanzar objetivos propios y de quienes los patrocinan.
Enfrentar todo ese poder mediático, que es generador de opinión, no es fácil, no lo a sido para el gobierno venezolano que a tenido como uno de sus mas implacables enemigos al canal privado globovision, y del cual podemos opinar, por que aun viviendo en Cali, tenemos el “privilegio” de ver dicho canal a través de la televisión por suscripción , privilegio que desgraciadamente no tenemos con telesur, vtv y mucho menos cubavision internacional, aunque hay algunos operadores que si ofertan telesur.
Globovision se quiere mostrar hoy, con el respaldo de sus canales aliados y medios de comunicación afines a sus intereses , ante la opinión nacional e internacional ( en Colombia el canal R.C.N. por citar un ejemplo) como “perseguido” por Chávez, pretende mostrarse como víctima y no como lo que es victimario, como defensor del derecho a la libre expresión y no como abusador de este derecho, que nunca se ha visto reflejada en una verdadera y desinteresada participación del pueblo en sus programas de opinión, ya que en su mayoría sus invitados corresponden a politólogos, dirigentes políticos, estudiantes, dirigentes comunitarios, sindicales, afines a su ideología de extrema derecha, con una clara y abierta posición de “anticomunismo” recalcitrante y trasnochado.
Ante el descredito de la vieja clase política Adeca y copeyana y ante la falta de liderazgo de los llamados nuevos partidos, globovision asumió como propia el papel de partido opositor con medio de comunicación propio, que no tiene límites ni escrúpulos en la utilización de este para llamar a la subversión, el desconocimiento de los resultados electorales cuando estos en la mayoría de los casos le han sido adversos, el llamado al asesinato del presidente Chávez, a los golpes de estado, ( la desobediencia de militares como solicito recientemente el alcalde de caracas el opositor antonio ledezma), los insultos racistas contra el mandatario venezolano, el permanente hostigamiento contra los ministros y funcionarios leales al gobierno y al pueblo, los ataques a la asamblea nacional, al poder judicial, etc,etc,etc.
Globovision en una clara y descarada posición oportunista, utiliza y se aprovecha de los problemas sociales que afronta la sociedad venezolana, como son el desempleo, la inseguridad, los conflictos laborales azuzados algunos por los dirigentes sindicales opositores y otros justos reclamos de los trabajadores y de la comunidad en general, contra el gobierno para mostrarlo como un ejecutivo contrario a los intereses de la población venezolana, acusándolos de ineptos y no en pocos casos de “corruptos”
Globovision asume así mismo su papel de “juez de la república”(papel que no le corresponde), al exonerar a los políticos corruptos afines a su ideología (caso más reciente el de Manuel rosales fugitivo en el Perú), a los que muestra como “políticos perseguidos” y mostrar supuestas pruebas condenatorias contra los dirigentes revolucionarios, a los que condena sin miramientos, y aunque tendríamos que, en honor a la verdad, aceptar que se hagan investigaciones, serias, objetivas, apegadas a la ley, contra todos los que aprovechándose de su condición de funcionario, se enriquezcan o enriquezcan a terceros, desgraciadamente aquí globovision no cumple cabal y objetivamente con una tarea, esta si propia de los medios de comunicación, la denuncia pública y la utilización de los foros televisivos como espacios de controversia y encuentro de la sociedad, es decir por usurpar un papel que no le corresponde, no ejerce su verdadera función social.
En no pocas ocasiones nos hemos preguntado, ¿cómo es posible que el gobierno venezolano y el estado en general, acepten que se presentes tantas irregularidades en el manejo de un medio de comunicación, sin que se tomen las medidas correctivas del caso?, porque darle tanto alargue a una situación tan desgastante para todos, la sociedad venezolana y el estado en si?cuando escuchábamos al hermano de patricia poleo, (radicada hoy en Miami), llamar y presionar a los dirigentes de la oposición a desconocer los resultados electorales, y de manera solapada al asesinato del presidente, cuando a través del programa “alo ciudadano” se colocaba de fondo musical temas alusivos a la muerte de Chávez, cuando se ha querido generar temor, terror en la población venezolana ( especialmente en la clase alta y media) con el fantasma del comunismo, cuando de las 24 horas de programación, se utilizan por lo menos 18 para azuzar a la población contra el gobierno, cuando se incita al odio, a la violencia, al racismo, a la xenofobia contra los médicos cubanos que laboran en ese país, cuando desde un medio de comunicación se le hace tanto daño a un país, porque no se toman las medidas correctivas del caso? Que se está esperando?
Solo resta por preguntarnos, ¿qué le podría pasar a globovision, como medio de comunicación, si en vez de actuar de esta manera en Venezuela, lo hiciera por ejemplo en estados unidos, Inglaterra, Francia, España, Colombia? Estaría ya al aire, lo dudamos, cualquier país tomaría los correctivos del caso y nadie lo juzgaría por ello, Venezuela y su gobierno no pueden ser la ecepción.


miércoles, 3 de junio de 2009

La consolidación de la seguridad democrática



llegado via e-mail
por Claudia López


El Gobierno Nacional ha asegurado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al país que recuperó y devolvió el territorio de Curvaradó y Jiguamiandó a las comunidades que fueron desplazadas por paramilitares y usurpadas por empresas palmeras, financiadas por este gobierno. Una visita a la zona demuestra que el Gobierno miente. Lejos de asegurar el retorno, está consolidando la reocupación y el repoblamiento.

Apenas unas decenas de familias han podido regresar. La mayoría sigue desplazada. Los pocos que han vuelto están confinados en pequeñas áreas, llamadas zonas humanitarias, sin poder trabajar su tierra ni levantar nuevamente sus viviendas y comunidades. Se lo impiden los usurpadores, que no dan muestras de irse y cuentan con el apoyo gubernamental para permanecer y repoblar la zona.

Si los desplazados contaran con el Estado, como lo afirma el Gobierno en el extranjero, el Ejército y la Policía estarían lanzando a los usurpadores y facilitando el retorno y reasentamiento seguro de los desplazados. Ocurre exactamente lo contrario.. La Fuerza Pública y las 'Águilas negras' impiden el retorno, mientras custodian la permanencia de empresarios y sus trabajadores para que consoliden un repoblamiento irreversible que deje por fuera a los desplazados. Acción Social va censando a los trabajadores de las palmeras como repobladores y ofreciéndoles asistencia social.

El Ministerio de Agricultura a estos les financia proyectos productivos, con el apoyo de empresas como Sunisa, Banacol y Uniban, las mismas bananeras que financiaron a los paramilitares para que sacaran a sangre y fuego a los campesinos y comunidades negras. Mientras en el exterior muestran como prueba del retorno el título de tierra expedido por el Incoder a los Consejos de Negritudes, en el territorio cubierto por esos títulos siguen campeando los usurpadores.

En el Urabá antioqueño y chocoano, hace algo más de una década, el Ejército, bajo el mando de Rito Alejo del Río, y los paramilitares desplazaron la población y "limpiaron" el territorio. En los años siguientes, empresarios y paramilitares reocuparon con palma y repoblaron con sus trabajadores. En esta última etapa, el Gobierno y legitima la reocupación y el repoblamiento. En eso parece consistir la llamada fase de consolidación de la seguridad democrática: en reocupar el territorio con macroproyectos mineros y palmeros y repoblarlo con nuevas personas que sí los apoyen y trabajen en ellos. Los demás, incluidos los desplazados, sobran.

Por la consolidación es por lo que el desplazamiento continúa creciendo.

A pesar de contar con el apoyo irrestricto de la Policía y el Ejército, los emergentes empresarios siguen prefiriendo ejércitos privados.

La seguridad de sus campos de trabajo la contratan con 'Águilas negras' o cualquier otro grupo armado, que pasa en sus motos, vigila el territorio y amedrenta a los pobladores no deseados. Todo a la vista y con la complicidad de la fuerza pública; como en los viejos tiempos. Un ejemplo es Puerto Brisas, cuyo margen derecho es controlado por paramilitares y el izquierdo por el Ejército. La reocupación es asegurada por ambos, de manera que los palmeros y los caseríos de sus trabajadores sigan teniendo garantías para expandirse y los desplazados la tengan cada vez más difícil para regresar.

Cualquiera que vaya a la zona puede constatar que hay más trabajadores repoblando que desplazados retornando, más cosechas de palma que de comida, y que el 95 por ciento del territorio sigue ocupado por los usurpadores.

Recorriendo Curvaradó y Jiguamiandó es inevitable pensar que la encrucijada del alma presidencial no se da por cómo terminar lo que empezó en el 2002, sino por cómo consolidar lo que otros avanzaron lo que él empezó en Antioquia en la década del 90 y expandió por Colombia en la del 2000. Desplazar, arrasar, reocupar, repoblar y redesarrollar el campo colombiano ciertamente requiere décadas. Una gobernación y dos periodos presidenciales no bastan.

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